El apagón de miles de páginas de internet para protestar contra la ley SOPA y el posterior cierre por parte del FBI de Megaupload vuelven a enfurecer a los millones de usuarios que reclaman una web libre.

Toda esta problemática fue tratata por el #3 de Dale, la revista producida por el mismo equipo de Rock.com.ar. Acá reproducimos la nota central de esa edición y también los invitamos a descargar el número completo, en formato .pdf

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Internet avanza en nuestras vidas de forma insospechada. Cada minuto que pasa se subimos 600 nuevos videos a Youtube (unas 25 horas); enviamos casi 170 millones de emails; publicamos 510.000 comentarios en Facebook; escribimos 100.000 twitts. ¿Qué nos hace pensar que algo tan inabarcable no debiera modificar las leyes que nos gobiernan?

Un informe publicado en agosto por iEco, el suplemento económico de Clarín, reporta que la venta ilegal en Buenos Aires -en la calle, ferias o saladitas- factura más de 7 millones de pesos por día, lo que representa el 40% de lo generado en los shoppings porteños. Por su parte, Capif calcula que el 60% del mercado discográfico argentino es dominado por las copias clandestinas.

“La piratería es imparable”, profetizaba Daniel Melero allá por el 2006. “El pensamiento tendría que ser cómo sumarse comercialmente a esa corriente, en vez de tratar de penarla o restringirla. Las compañías pagan demasiado caros los contratos de artistas que democratizados no valdrían tanto, porque son productos de movimientos de control de mercado. Hay toda un política moral que es corrupta: hay artistas a los que la única manera de imponerlos es no democratizando el mercado. Si hubiera libre acceso a la información, no habría manera de justificar contratos como los de Metallica, Shakira, Madonna y los demás lacayos del sistema que insisten en llamar artistas”.

El negocio de las discográficas no está en jaque ni nada por el estilo. Sólo está mutando la distribución, porque la ruta del dinero cambió de manos. Históricamente, el dinero pasaba a través de las disquerías, desde los compradores a las discográficas y de ahí a los artistas. Hoy, ese dinero pasa por los taringas, pero no desde los consumidores finales, sino desde los anunciantes que pautan en esas páginas web. ¿Qué pasaría si estos portales decidieran compartir parte de sus ingresos directamente con los artistas? Se podría establecer perfectamente qué tráfico tuvieron los posts de tal disco y sacar la cuenta proporcional de cuánto dinero le correspondería a ese artista pirateado. Luego, la administración del sitio tendría que transferir directamente a la cuenta del músico. ¿Qué opinarían las discográficas? Si se opusieran, dejarían en evidencia que ahora no están defendiendo realmente a los artistas, sino sus propios ingresos.

A COPIAR QUE SE ACABA EL MUNDO

Los grandes sellos multinacionales han decidido invertir buena parte de su presupuesto para salir de la crisis que atraviesan. Pero no dispusieron de ese dinero para desarrollar nuevos modelos de negocio, por ejemplo, sino en demandas judiciales. La RIAA, que representa a las grandes compañías, gastó más de 60 millones de dólares en los últimos tres años en pagarle a abogados para que persiguieran a usuarios por supuesta violación de los derechos de copyright.

Antonio Birabent ve la piratería como algo inevitable: “es un signo de estos tiempos, porque los discos son muy caros. Evidentemente es algo que a los artistas nos perjudica, pero también nos da la posibilidad de que circule nuestra obra… Es delicado, yo no lo tengo claro. Pero eso sí: a la larga, va a ser la destrucción de este negocio. Aunque este negocio se fue destruyendo a sí mismo con precios inflados, con cosas mal hechas. El negocio está pagando todas las cagadas que hizo”.

Las compañías discográficas se quejan de pérdidas millonarias a manos de los manteros y las descargas, mientras que los usuarios reclaman la libertad de usar una tecnología que está disponible. Una difundida animación predica “robar es ganar algo dejando al otro sin algo. Copiar es que dos puedan disfrutar de una misma cosa”.

NO PERDER EL JUICIO

“Es delito editar, vender o reproducir por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada, sin autorización de su autor”, dice la Ley 11.723, promulgada en 1933 cuando el concepto de la web no estaba ni en los libros de ciencia ficción.

“Si esta ley permite procesar y meter presa a una persona que accede a un bien cultural por internet para enriquecerse, no para lucrar, sino para emocionarse, para instruirse, para crecer culturalmente, entonces lo que está mal es la ley”, sostiene Julio Raffo en una entrevista a la revista Haciendo Cine. Y sigue: “posibilidad de copiar hubo siempre. Ahora se puede copiar más fácil, rápido, mejor y barato. (…) Entonces, el problema es reflexionar para poder distinguir entre para qué es, para qué sirve, para qué yo reproduzco. Si se usa para el desarrollo de la persona o para hacer un negocio paralelo clandestino o ilegal”.

Taringa! es una comunidad virtual que no almacena contenidos sino que posibilita que los usuarios compartan información. Si bien cada vez hay menos, gran parte de esos contenidos son links externos para descargar música, software, películas o libros. Lo que vulgarmente llamaríamos piratería. En mayo de 2011 un juez procesó a los responsables del sitio por considerarlos “partícipes necesarios” en la violación de derechos de autor, dando lugar a una demanda iniciada por un grupo de editoriales y por la Cámara del Libro.

Los que sostienen que Taringa! es un concentrador de la oferta y la demanda de piratería pretenden emparentar este caso con el de Napster, un sitio pionero de las redes de intercambio que fue cerrado por la justicia estadounidense en 2001 y obligado a pagar una indemnización millonaria. Luego, fue reconvertido en un sitio de música legal.

Andrés San Juan es el abogado de Taringa! y cree que el razonamiento del juez es erróneo porque “la obra está por fuera del sitio, es reproducida por alguien que no es administrador del sitio y descargada por cualquiera”. “No podemos investigar los 20.000 posts que recibimos por día”, se defiende Matías Botbol, uno de los actuales dueños de T!. “Es un juicio más político que comercial”. Sin embargo, no se recurre a un argumento tan claro como contundente: compartir sin fines de lucro no es ilegal.

Aún queda en el aire la sensación que se trata de una demanda ejemplificadora. Algunos incluso llegan a preguntarse por qué no demandaron a Google, que tiene aún más links a piratería. A fines de agosto, la búsqueda “indio solari” en Taringa devolvía 1.722 resultados, mientras que en Google con “indio solari rapidshare” se encontraban 49.800.

Pero la realidad es que el escenario puede cambiar casi sin que nos demos cuenta. En medio del debate que se generó alrededor del Caso Taringa! se coló otra discusión: la del canon digital. Se trata de un impuesto que ya fracasó y fue suprimido en España, que pretende gravar dispositivos y soportes digitales en hasta un 75%, para destinar esos fondos a una compensación para los artistas supuestamente perjudicados, a través de las entidades de gestión que están siempre sospechadas de no liquidar equitativamente: Sadaic, Capif, AADI, Argentores y otras. Por ahora, el debate está frenado, pero no son pocos los que creen que sus mentores están esperando el momento estratégico para volver a la carga.

¿Quién no comparte contenidos online? Hay un avance de las corporaciones que controlan los derechos de autor hacia convertir a todos los usuarios de internet en delincuentes. La web, entre otras cosas, ha creado una consciencia de que todo es libre y de todos. No hay que perder de vista que generalmente existe un autor primario de esa obra, está claro. Pero también debiera primar una resposabilidad a la hora de informar: rotular este fallo judicial en términos de golpe a la piratería implica la criminalizar al usuario y penalizar la tecnología. Se necesita una legislación flexible y abierta, porque la tecnología y los usos y costumbres de la web van mucho más rápido que nuestro Parlamento.

¿Por qué resultaron exitosos los casos de iTunes y de Netflix, por ejemplo? Ayudaron a frenar las descargas ilegales y generaron millones de dólares en ingresos. Es decir, esas empresas confirmaron que existe un tipo de usuario que está dispuesto a pagar una cifra razonable por el contenido de primera mano, así como hay otro perfil de consumidor que, por diferentes razones, jamás compraría original. Teniendo en cuenta esto último, la política sería “ya que no te va a comprar tu producto, al menos que se difunda”.

Más notas en esta edición de Revista Dale: Mariano Amartino y los negocios 2.0; el sello virtual Mamushka Dogs; la voz de la industria: Sadaic y Capif; opiniones de Hugo Lobo, Andrea Alvarez; Ramera; Mariano Castro, Gori, Lucio de Nikita Nipone, Edu Schmidt y Zeta Bosio; las grabaciones piratas; los grandes sellos y los discos descatalogados; la criminalización de los puesteros; Gustavo Gauvry y la digitalización; Jorge Álvarez y el nacimiento de Mandioca; Richard Stallman, el software libre y la ética hacker; Cypher, Taringa y el open data; el canon digital y la Ley Sinde; los curadores 2.0; David Byrne y su radiografía de la industria; los movimientos anticopyright; Freddy Berro y La Cofradía; el coleccionismo, según Fernando Pau; el disco como objeto del deseo; R.I.P., un manifiesto sobre los remixes; ¿Cómo ganar plata cuando todo sale $0?

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