En un paso más en la fortísima estrategia de control social en China, el gobierno del país acaba de anunciar nuevas reglas que regulan la participación en la red: a partir del próximo día 1 de octubre, la participación anónima estará completamente prohibida, y los proveedores de cualquier tipo de servicio deberán impedirla y retener todos los datos de quienes la intenten llevar a cabo. Toda participación en la red deberá estar vinculada a una identidad real y verificable.
Muchos de los servicios importantes en el país, como Weibo o WeChat, mantenían por obligación gubernamental una política de nombres reales, la misma que aplica al registro de una línea de telefonía móvil. Tieba, la compañía de foros propiedad de Baidu en la que se iniciaron algunos movimientos nacionalistas insurgentes, fue también obligada a cumplir esa política hace algunos meses. Ahora, además, la medida será obligatoria en todos los servicios online independientemente de su tamaño, y habrá además una ley explícita que considerará a las compañías responsables por su posible incumplimiento.
Unido a la prohibición del uso de redes privadas virtuales (VPN) sobre la que comentamos anteriormente, a la orden emitida a proveedores de acceso y tiendas de aplicaciones de retirar e impedir el uso de todas las herramientas que sirvan para preservar el anonimato, y a la obligación de las compañías de cloud computing de almacenar todos sus contenidos en el país, el movimiento progresivo hacia el control total de la China de Xi Jinping está tomando unas dimensiones nunca antes conocidas, muchísimo más duras que las marcadas por su predecesor, Hu Jintao, y que asemejan cada día más el país a la distopía descrita por George Orwell en 1984, como si realmente estuviesen tomando el escenario descrito en la novela como un modelo a seguir.
Específicamente, estos son los comportamientos que la Cyberspace Administration of China (CAC) considera prohibidos en la red de acuerdo con la nueva regulación:
- Oponerse a los principios de la Constitución del país
- Poner en peligro la seguridad nacional, revelar secretos de estado, subvertir el poder del estado o socavar el proceso de reunificación nacional
- Dañar el honor o los intereses nacionales
- Incitar al odio nacional, a la discriminación étnica o cuestionar la unidad nacional
- Socavar las políticas estatales sobre religión promoviendo cultos o supersticiones feudales
- Propagar rumores o interrumpir el orden social
- Difundir obscenidades, pornografía, violencia o terror, o incitar a un crimen
- Insultar o calumniar a otros e infringir los legítimos derechos e intereses de los demás
- Violar cualquier otra ley o reglamento
Normas absolutamente genéricas, amplias y vagas que podrían servir para incluir en ellas cualquier tipo de comportamiento que sea considerado peligroso, y que promueven un nivel de control total de la actividad de sus ciudadanos a todos los niveles. Cuando hablamos del próximo liderazgo económico de China en el mundo, no hablamos de algo que pueda resultar deseable, que nos guste o que nos parezca una consecuencia razonable, sino de la explotación de un entorno en el que todas las posibles herramientas de disensión, de discusión o de desacuerdo de cualquier tipo han sido eliminadas, y todo el país se mueve, sin ninguna posibilidad de que ocurra lo contrario, en la misma dirección. Un escenario que resulta obviamente muy poco atractivo para cualquiera que crea en valores como la democracia o los derechos fundamentales, pero que es, sin ningún género de dudas, el que China ha decidido explotar de cara al futuro. El futuro líder de la economía mundial responde a criterios y juega con reglas que, en principio, no coinciden con las del mundo occidental, pero que sí ejercen una fuerte influencia sobre otros países: no son pocos los gobernantes que, como he comentado en ocasiones anteriores, envidian secretamente la capacidad de control que el gobierno chino tiene sobre su población, y que tratan de implantar medidas similares – control de internet, eliminación del anonimato, censura de determinados contenidos – justificándose en todo tipo de amenazas, sean el terrorismo, la moralidad o la protección de los menores.
Que el próximo líder económico mundial esté dando lugar a un entorno como ese, con un control cada vez mayor y una eliminación cada vez más drástica de los derechos fundamentales, debería generarnos un buen número de preocupaciones. Pero que algunas de esas normas que caracterizan ese entorno sean consideradas positivamente por ciudadanos de otros países o lleguen a suponer tentaciones para gobiernos de países supuestamente democráticos, debería ser más preocupante aún.
La nota completa, en el blog de Enrique Dans.